EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: MUERTES EVITABLES
Lic. Silvina Boschetti (integrante de MAR)
“La salud sexual y reproductiva y su correlato, los derechos Sexuales y Reproductivos, son problemáticas de gran complejidad que cuando se instalan en el debate público generan, por ello mismo, fuertes controversias porque colocan en el escenario social y político el tratamiento de aspectos profundamente silenciados, como son la inequidad de género y la de clase, el poder patriarcal, el poder médico, la sexualidad como fuente de placer independiente de sus consecuencias procreativas, los derechos de las minorías sexuales, la maternidad libremente elegida o el derecho al aborto” (1)
Estos conceptos –salud reproductiva, la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos– están profundamente imbricados, son sustantivos a la vida de las personas y no pueden ni deben ser considerados de manera independiente unos de otros. Surgen y se desarrollan en marcos históricos específicos y son el resultado de luchas de distintos actores sociales: el feminismo, el movimiento de mujeres, el movimiento de salud, los movimientos de derechos humanos o sectores parlamentarios acordes con los movimientos sociales.
¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos?
Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad, son inherentes a todos los seres humanos. Como tales son parte inalienable, integral e indivisible de los mismos. Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico. Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, los derechos sexuales deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por los Estados. Los Estados y sus instituciones, básicamente las correspondientes a la salud, la educación y el bienestar social deben implementar, asegurar y difundir estos derechos.
Podemos decir que en los últimos años se ha avanzado en un cúmulo importante de normativas y leyes relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos. La agenda parlamentaria constituyó una respuesta coherente a la larga lucha del movimiento de mujeres y feministas, que incidieron en la agenda pública con sus demandas, tejiendo alianzas con legisladoras y apoyadas por el fuerte impulso dado por la incorporación a la Constitución Nacional de tratados y convenciones internacionales de derechos humanos.
Leyes como la nº 25.584 que garantiza la permanencia en la escuela de las adolescentes embarazadas; la nº 25.673, Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable; la nº 25.929 Parto Humanizado; la nº 26.130 incorporación de Ligadura de Trompas y Vasectomía a los métodos anticonceptivos y la ley nº 26.150 de Educación Sexual entre otras, han sido posibilidades ciertas de avanzar en los derechos de las personas a tener una vida sexual satisfactoria y segura (2).
Pero a pesar de la abundante normativa y es aquí donde más me refiero al título de este encuentro, tenemos la comprobación de que cientos de mujeres en nuestro país mueren a causa de abortos inseguros y clandestinos. Causa evitable en un 99.5 de los casos. Y esto se debe a que el aborto es ilegal en Argentina.
Viéndolo desde una perspectiva histórica, es importante comentarles que esta lucha por la legalización y despenalización del aborto, es la lucha que desde hace muchos años vienen llevando adelante militantes y activistas por el derecho a decidir por nuestro propio cuerpo.
De este recorrido surge la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito como expresión del movimiento de mujeres. Esta campaña es sostenida por una amplia alianza federal que incluye a más de 250 organizaciones y numerosas personalidades vinculadas al movimiento de mujeres, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, ámbito académico y científico, efectores de salud, sindicatos, fábricas recuperadas, grupos estudiantiles y religiosos en todo el país.
Como coordinadora nacional articula acciones comprometidas en la defensa de la integralidad de los derechos sexuales y derechos reproductivos, como derechos humanos.
Sin dudas los Encuentros Nacionales de Mujeres fueron y son espacios muy ricos de trabajo colectivo, intercambio de experiencias y acciones sobre este tema. En el Encuentro de Rosario del año 2003, toma aún mayor fortaleza y más debate público los derechos sexuales y reproductivos, donde casi 20.000 mujeres recorren las calles exigiendo anticoncepción y aborto legal. Queda abierta una puerta importantísima y en el año 2005 la Campaña se constituye y junta firmas generando conciencia, visibilización y apoyo y realizando una masiva Marcha Federal.
El 2006 nuevamente tomó las calles, exigiendo el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal ante la judicialización innecesario de casos concretos de aborto legal.
En el 2007 se presentan los argumentos en un Proyecto de Ley producto de un largo proceso de intercambios, debates, consultas y de la comparación con legislaciones de otros países.
Las consignas históricas e integrales de la Campaña “Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para no Abortar y Aborto Legal para no Morir” son fundantes del texto que establece principalmente la despenalización y legalización del aborto voluntario.
En el año 2008 presentamos nuevamente el proyecto, contó con el aval de 22 diputadas y diputados nacionales. El proyecto actual presentado en marzo de este año, que contó con la firma de 33 diputados/as nacionales de diferentes bloques, sigue sumando legisladores/as y hoy cuenta con 42 firmas en el Congreso.
El eje del proyecto de ley, concretamente plantea que "toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional", y fuera de este plazo en los casos "de una violación" o "si estuviera en riesgo la salud y la vida de la mujer" o "si existieran malformaciones fetales graves".
Asimismo el proyecto hace hincapié en que "los servicios de salud del sistema público garantizarán el acceso gratuito" al aborto, al igual que los sistemas "de la seguridad social de salud y de los sistemas privados".
De este modo se plantea la despenalización y legalización del aborto, que involucra tanto a las mujeres que deciden realizarlo como a los profesionales que bajo voluntad de la mujer realizan esta práctica.
Dos universidades, la UBA (Universidad de Buenos Aires) y UNC (Universidad Nacional de Córdoba) fundamentándose en la posibilidad de decidir la maternidad, en la igualdad de géneros y en equidad social se pronunciaron en estos días a favor de un cambio de la legislación nacional en tanto la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y pronunciándose a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Además de diferentes casas, facultades e institutos de estudios siguen llegando adhesiones.
Argumentos claves
El debate sobre el aborto, crea en nuestra sociedad muchos temores. El silencio se impone con desinformación hasta tal punto, que es común escuchar que con su despenalización y legalización se multiplicará dicha práctica.
Todas y todos sabemos que en Argentina el aborto es ilegal pero ¿sabemos realmente las consecuencias que esto implica?
La ilegalidad del aborto no protege la vida. La misma práctica nos demuestra que peor aún, mujeres sanas corren peligro de muerte al recurrir a prácticas clandestinas. Esto implica que cada tres días, muera una mujer en nuestro país por esta situación de clandestinidad e inseguridad. Lo que equivale a la muerte de casi cien mujeres por año.
La mortalidad avanza sobre mujeres y niñas entre 15 y 39 años, jóvenes y pobres. Vale la insistencia, en que la ilegalidad del aborto no protege la vida. La batalla de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es lograr no solo la despenalización del aborto sino también la legalización. Esto significaría lograr que la mujer ejerza el derecho a decidir sobre su cuerpo, un derecho personalísimo.
Coincidiendo con el lema de nuestra Campaña Nacional, pensamos que la única solución que ha demostrado ser eficaz frente a la realidad del embarazo no deseado, es desarrollar políticas integrales que indefectiblemente incorporen: educación e información sexual, asesoramiento y acceso universal a métodos anticonceptivos, promoción de maternidades y paternidades responsables y servicios legales de aborto que respeten el derecho de las mujeres a decidir sobre su capacidad reproductiva.
La autonomía es, por lo tanto, fundamental para un real ejercicio de ciudadanos y ciudadanas, al igual que el acceso a información adecuada y suficiente, y a servicios de salud sexual y reproductiva donde se asegure una atención de calidad.
Los números del aborto lo dicen todo:
• Entre 460.000 y 600.000 mujeres recurren cada año al circuito clandestino para realizarse un aborto inseguro.
• 3000 mujeres muertas por abortos clandestinos en democracia.
• 1000 millones de pesos anuales maneja el negocio del aborto ilegal
• 100 mujeres jóvenes y pobres mueren por año a causa de abortos inseguros y clandestinos
• el 58% de la población creen que las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo conforme a sus necesidades y convicciones personales.
• 289 organizaciones sociales, políticas, feministas, sindicales y de DDHH conforman la Campaña Nacional por el Aborto legal, seguro y gratuito.
Estos datos numéricos están aportados por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito.
(1) Susana Checa, Socióloga. Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Integrante del Comité Coordinador del Consorcio por los Derechos Reproductivos y Sexuales (CONDERS).
(2) Texto facilitado por las firmantes del proyecto de resolución para la creación de la Comisión Especial de Seguimiento de la normativa sobre derechos sexuales y reproductivos. Cámara de Diputados/as de la Nación. Firmantes: Augsburger Silvia, Bisutti Delia B., Fein, Mónica, Rodríguez Marcela con fecha 03/04/2009.
Referencias Bibliográficas, Convenciones, etc.
:: La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer CEDAW, del año 1979 y que en el país tiene rango constitucional desde la reforma de 1994.
:: La Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993).
:: La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995).
:: La Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).
:: La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994).
Lic. Silvina A. Boschetti
Rosario, Agosto de 2010
